Cómo el movimiento por los derechos de los padres varones separados está minando las medidas de protección disponibles para las víctimas de violencia doméstica y está protegiendo a los maltratadores.
http://www.xyonline.net/Protectingperpetrators.shtml
Michael Flood, Profesor de Sociología de la Universidad Australiana de Wollongog. Experto en Género: Hombres y Masculinidades.
Agosto 2005
SUMARIO.
Las asociaciones por los derechos de padres varones separados han intentado:
-Acabar con las medidas legales de protección disponibles para las víctimas de violencia.
-Acabar con las penas legales impuestas a maltratadores.
Mientras estas asociaciones a menudo dicen hablar en nombre de hombres víctimas de violencia doméstica, sus esfuerzos minan las políticas y la asistencia que protegerían y que harían justicia a estos mismos hombres.
Los abogados de estas asociaciones de hombres:
-Alegan excusas para los maltratadores:
-Actúan como abogados directos de estos maltratadores o presuntos maltratadores que han ejercido violencia contra la mujer;
-Ellos mismos utilizan estrategias que conllevan maltrato;
-Trabajan para acosar y minar los servicios e instituciones que trabajan con las víctimas y sobrevivientes de violencia.
PANORAMA ACTUAL.
Estas asociaciones de padres separados en Australia han tenido un impacto muy dañino para las víctimas de violencia interpersonal de 5 maneras.
(1) Promocionando cambios en la Ley de Familia que prioriza el contacto del padre con los hijos sobre la seguridad de estos últimos, particularmente a través del impulso de la presunción de la custodia compartida;
(2) Intentando desacreditar a las mujeres víctimas de violencia. (Ver la hoja resumen #1 y #2 de líneas generales y críticas de los grupos por los derechos de los padres varones al mito de que las mujeres frecuentemente hacen falsas acusaciones de abusos sexuales o violencia doméstica en los procedimientos en los juzgados de familia.)
(3) Intentando hacer retroceder las protecciones legales disponibles para las víctimas de violencia doméstica.
(4) Intentando acabar con las penas legales impuestas a los maltratadores.
(5) Intentando minar los servicios e instituciones que trabajan con las víctimas y con los supervivientes de violencia.
Este artículo se centra en los aspectos 3, 4 y 5 del impacto de estos grupos por los derechos de los padres varones.
MINAR LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DISPONIBLES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.
El movimiento por los derechos de los padres varones separados en su esfuerzo por cambiar leyes y políticas sobre el derecho de familia y sobre cuestiones relacionadas con ello, a menudo ha argumentado que dichas leyes y políticas son excesivamente tendenciosas e injustas supuestamente a favor de las mujeres víctimas de violencia y van en contra de los presuntos maltratadores. Como extremo de su denuncia de que las mujeres de forma rutinaria fabrican y hacen un uso indebido de las denuncias de abusos sexuales o maltrato hacia los niños y de las denuncias de violencia doméstica, el movimiento ha dirigido sus esfuerzos a minar las medidas de protección disponibles para tales “víctimas ficticias” y a que se les impongan a éstas penas por su comportamiento malicioso.
La más antigua y más respetable asociación de padres separados, la Asociación de Padres Solitarios (Lone Father’s Association, LFA), en una propuesta reciente insta a que las denuncias por maltrato o abusos sexuales se hagan obligatoriamente bajo juramento, y si se descubre que tales denuncias son falsas, maliciosas y/o vejatorias por naturaleza, dichas acusaciones desmentidas deberían tratarse como perjurio y deberían ser perseguidas de oficio” (LFA, 2004, p.8). Otros grupos por los derechos de los padres varones hacen propuestas similares, por ejemplo que la persona que haga acusaciones de violencia debería contar con pruebas policiales o de un hospital (DOTA, 2005). La LFA argumenta que se deberían aplicar penas a aquellos que conscientemente ayuden a una persona a presentar tales acusaciones, y la persona que haya hecho tales acusaciones falsas tendría que rembolsar las costas legales de todo el proceso de las dos partes, (de hecho, se están imponiendo ya penas a madres en algunos casos en Australia por haber presentado acusaciones de abusos sexuales que no han sido corroboradas (Young, 1998, p. 118).) En los formularios para solicitar la orden de Protección, se debería solicitar una prueba médica, debería haber un tiempo límite de 6 años para presentar acusaciones de actos violentos previos y 48 horas para acusaciones de incidentes recientes; además, el personal de los servicios sociales donde están siendo asistidas estas víctimas debe poner su nombre en la solicitud que les están preparando, y se deben minimizar las penas por quebrantamiento de estas órdenes de protección (LFA, pp. 38-41, 63).
ACABAR CON LAS SANCIONES LEGALES IMPUESTAS A LOS MALTRATADORES.
Estas asociaciones también están intentando minar las vías en las que la violencia doméstica se aborda como un comportamiento criminal y en las que sus perpetradores están sujetos a sanciones penales.
La propuesta de la Asociación de Padres Solitarios también plantea que el Duluth, el Programa de Intervención en casos de Violencia Familiar del estado, sea reemplazado por el “Modelo de Sistemas de Familia” que tiene como objetivo mantener la familia intacta (LFA, 2004, p. 27). El Modelo Duluth es descrito como “draconiano y dañino para las familias” y que está inspirado por las feministas que “pretenden desmantelar la familia como la conocemos”. El LFA rechaza los arrestos policiales ya que significan que los hombres son arrestados por motivos falsos y por razones frívolas y reivindicativas. Estas asociaciones critican la “ideología sexista” de los programas para maltratadores y piden un mayor uso de la mediación y la orientación familiar (DOTA, 2005; LFA, pp. 27-45). Esta última recomendación es sintomática de la visión que sostienen algunos grupos de derechos de padres según la cual la violencia doméstica se entiende mejor como “disputas conyugales” donde ambas partes deben asumir su responsabilidad (Kaye & Tolmie, 1998, pp. 55 -56), más que un ejercicio sistemático de poder y control.
Si estas reformas se llevaran a cabo, supondrían una erosión profunda de las medidas de protección y de reparación legal disponibles para la víctima de violencia y una erosión de las vías que les facilitan a ellas y a sus abogados obtener justicia.
¿APOYO A LAS VÍCTIMAS VARONES DE VIOLENCIA? RETÓRICA O REALIDAD.
Esta agenda revela el hecho de que la preocupación por las víctimas varones de violencia doméstica que a menudo profesan estas asociaciones es más retórica que real. Mientras estos grupos pretenden actuar en defensa de estos varones víctimas de violencia doméstica, al mismo tiempo buscan acabar con las políticas y servicios que podrían proteger y ofrecer justicia a estos mismos hombres.
Estos esfuerzos sugieren que estas asociaciones responden a los temas de violencia doméstica y sexual desde el punto de vista del perpetrador de violencia. Más aún, estos grupos responden de la misma forma que los maltratadores actuales: minimizan y niegan las dimensiones de la violencia, culpan a la víctima, y explican la violencia como mutua en la pareja o fruto de un proceso recíproco entre ambos miembros (Eran, 1996, p. 105). En otras palabras, los discursos y actividades de estas asociaciones imitan las micro-prácticas de los maltratadores.
SIMPATÍA Y EXCUSAS RESPECTO A LOS MALTRATADORES.
Esta tendencia queda evidente también en las expresiones de simpatía o justificación en el contexto de los procedimientos de los juzgados de familia hacia los hombres que usan la violencia contra las mujeres y los niños. Durante las últimas décadas, muchos hombres de forma individual se han vengado de forma violenta contra los Juzgados de Familia, contra sus ex parejas y sus hijos. Han cometido asesinatos-suicidios, han apuñalado o disparado a sus ex parejas fuera de los Juzgados de Familia, han contratado sicarios para matar a sus ex esposas, para asesinar algún juez de familia o a la mujer de algún juez, han atacado la casa de algún otro juez, y algún Juzgado de Familia (Milburn, 1998). Los asesinatos de ex mujeres e hijos seguidos del suicidio del hombre han sido justificados por algunos portavoces de estas asociaciones como una respuesta comprensible al “trato tan crudo” que han recibido estos hombres en los Juzgados de Familia (Maddison, 1999, p. 39). Por ejemplo, cuando un hombre en Perth gaseó hasta la muerte a sus tres hijos pequeños y luego a sí mismo en 1998 después de que un Juzgado de Familia emitiera una resolución restringiendo su acceso a sus hijos en dos semana de cada tres, un portavoz de la Confraternidad de hombres comentó que “probablemente ese hombre era un trabajador decente que fue presionado demasiado por el Juzgado de Familia.”
Cuando estas asociaciones de padres separados reconocen la violencia de los hombres contra las mujeres y los niños, es muy típico que ignoren el impacto que tiene dicha violencia en ellos a la vez que culpan de la violencia a factores externos al hombre que ha maltratado: el Juzgado de Familia, las Leyes Civiles, etc. De esta manera, “en un giro irónico, la violencia masculina es utilizada por estos grupos para demostrar cuán víctimas son los hombres del sistema legal de familia” (Kaye & Tomi e, 1998, pp. 57-58). De hecho, estas asociaciones han hecho uso de la amenaza de la violencia masculina contra mujeres y niños para chantajear a la sociedad. Enfatizan que a menos que las leyes de familia cambien en la línea que ellos marcan, más mujeres y niños morirán (y más hombres se suicidarán).
DEFENSA LEGAL DIRECTA PARA LOS MALTRATADORES.
Los miembros de estas asociaciones de padres separados también actúan como abogados directos de los perpetradores o presuntos perpetradores de violencia contra la mujer. Por ejemplo, un folleto para “víctimas de falso ODV (Orden de Detención por Violencia) que asesora a los denunciados sobre cómo responder a estas órdenes, fue redactado en 2005 por miembros del Grupo “Padres en el Aire”, además fue difundido en un programa de radio y distribuido a través de su boletín online. En él, mientras tratan estas órdenes como “falsas” órdenes de protección, no prestan atención a cómo responder a los “verdaderos” perpetradores de violencia ni tampoco a cómo conseguir la seguridad de los miembros de la familia involucrados. Grupos como la Agencia de los Derechos de los Hombres ofrecen sesiones de formación aquellos que desean representarse a sí mismos en los procedimientos civiles y, dadas las perspectivas de tales grupos, es muy improbable que prioricen la seguridad de las mujeres y los niños o que se tomen en serio las acusaciones de violencia.
USO DE LA VIOLENCIA.
Algunos miembros de estas asociaciones han utilizado ellos mismos estrategias de abusos. En Melbourne en 2002, un militante de los grupos por los derechos de los padres varones llamado Los Camisas Negras, actuando en nombre de hombres “tratados con severidad por los Juzgados de Familia” aterrorizaban a mujeres que se habían separado recientemente (y a niños) en sus casas. Llevaban uniformes paramilitares negros y máscaras negras y con unos megáfonos gritaban acusaciones de conductas sexuales inapropiadas y de corrupción moral y dejaban cartas al respecto a los vecinos de la mujer. El líder de uno de este grupo de Melbourne, fue condenado en 2004 por acosar a una mujer divorciada cuando organizó manifestaciones junto con otros hombres en los alrededores de su casa.
Algunas de estas asociaciones van incluso más lejos. En 1996, un periódico de Bisbane denunció que una asociación de padres separados había contratado a unos investigadores privados para localizar a esposas e hijos de miembros de la organización escondidos en casas de acogida para víctimas de violencia doméstica y para que encontraran información restringida sobre sus trabajadores y revelaran información financiera confidencial sobre el centro de protección a víctimas de violencia doméstica. (Sin embargo, tras una investigación policial de tres meses, no se recomendó ninguna actuación contra esta organización.)
ATAQUES A LOS SERVICIOS CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Las asociaciones por los derechos de padres varones separados atacan lo que ellos describen como la “industria de la violencia doméstica”, una industria masiva financiada con billones de dólares con un gran interés en exagerar las dimensiones de la violencia doméstica y usándola como un instrumento de propaganda anti-padre (DOTA, 2005). Estos grupos llaman a la no financiación y la abolición de esta “industria de la violencia doméstica histérica, extremista y anti-varón y anti-padre”.
Los medios de comunicación y las campañas sobre la violencia machista son otro objetivo de la cólera de este movimiento por los derechos de los padres varones. Sus activistas de forma rutinaria escriben cartas a los periódicos a los políticos locales y los burócratas para quejarse de la “misandría” (odio al varón) y de las “mentiras” de estas campañas, e interponen quejas formales por discriminación por sexo ante organismos de derechos humanos y sobre estándares de publicidad. Algunos de los objetivos más recientes de su actividad incluyen la campaña gubernamental australiana de 2004 “No respeto, no relación” y la campaña del lazo blanco lanzada por UNIFEM.
Finalmente, estas asociaciones se están dedicando al acoso del sector de la comunidad y a las organizaciones de mujeres que atienden a las mujeres víctimas de violencia. La Asociación de Padres Solitarios apoyó a un hombre de Brisbane que en 1995 llevó su caso ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, alegando discriminación por sexo por parte del Centro de Recursos contra la Violencia Doméstica. La Comisión desestimó las alegaciones y el entusiasmo de la Asociación de Padres Solitarios se apagó cuando un periódico reveló que el demandante había sido condenado por delitos de asalto relacionados con armas (Matheson, 1996; Young, 1996). En el caso más largo de este tipo, un hombre de Canberra ha estado intentando durante 15 años ganar un caso por discriminación por razón de sexo contra el Servicio de Crisis por Violencia Doméstica, de nuevo con el apoyo de la Asociación de Padres Solitarios. El comité primero desestimó su demanda en 1997, el caso fue escuchado otra vez y desestimado por el Tribunal Federal en 2005. Este tipo de campañas son un aspecto más de los ataques más amplios de este movimiento sobre la asistencia a mujeres y sobre las políticas dirigidas al avance de las mujeres (Flood, 2003, p. 42).
REFERENCIAS CITADAS.
DOTA (Dads On the Air). (2005). Respuesta al ensayo de discusión “A new approach to the family law system: Implementation of reforms. Sydney, Australia: Dads On the Air).
Flood, M. (2003). Fatherhood and fatherlessness (Discussion Paper no. 59). Caberra: The Australia Institute.
Hearn, J. (1996). Men’s violence to known women: Men’s accounts and men’s policy development. In B. Fawcett, B. Feath erstone, J. Hearn, & C. Toft (Eds.), Violence and gender relations: Theories and interventions (pp. 99-114). London, Sage.
Kaye, M., & Tolmie, J. (1998). Fathers’ rights groups in Australia and their engagement with issues of Lone Fathers Association. (Australia). Inc. Canberra.
Maddison, S. (1999)- Private men, public anger: The men’s rights movement in Australia. Journal on Interdisciplinary Gender Studies, 4(2), 39-51.
Matheson, A. (1996). Battered husbands: Myth or fact? Green Left Weekly, 234. Retrieved February 9, 2005, from:
http://www.greenleft.org.au/back/1996/234/234p32.htm
